Ayudas administrativas a la cinematografía

Resumo

El cine es industria y cultura; responde a la actividad de particulares, pero también se encuentra atravesado por el interés público; es cauce de expresión, espectáculo y medio de comunicación. Es, además, un sector estratégico de la cultura y la economía; es manifestación artística y expresión creativa que conforma un elemento básico de la entidad e identidad cultural de un país. Contribuye al avance tecnológico, al desarrollo económico, a la creación de empleo y al mantenimiento de la diversidad cultural. Esta esencia proteica y mutante explica la multiplicidad de posibles acercamientos a este fenómeno. Incluso en lo que hace específicamente a las relaciones posibles entre el derecho y el cine, las vinculaciones son muchas y pasan, por ejemplo, por su encuadre dentro del derecho (más amplio) del audiovisual, por lo que tiene que ver con el derecho privado y en particular el derecho de autor, por el derecho laboral y las particularidades que conlleva un muy especial modo de producción, por el derecho tributario y sus ayudas fiscales, etc. Aun cuando todos esos aspectos revisten interés y en alguna medida influyen en la materia estudiada (y, por lo tanto, son aludidos), lo que constituye el centro del análisis tiene que ver con el Derecho Público y con el Derecho Administrativo en particular. El cine es, seguramente, uno de los sectores de la comunicación más intervenidos por la Administración. De hecho, tan amplio es el grado de intervención de lo público en la materia que aun cuando nos restringiéramos a lo regulado por el Derecho Administrativo, su campo de aplicación es tan vasto que impediría un estudio que pudiera cumplir con los requisitos que hacen a la profundidad pretendida. Es que es el Derecho Administrativo el que ha de aplicarse al momento de regir asuntos tan diversos como la calificación de las obras cinematográficas, la seguridad en los espectáculos públicos, las licencias de doblaje, las cuotas de pantalla y distribución, las subvenciones y otras medidas de apoyo, las actividad sancionadora respectiva, etc., abarcando las tres etapas en las que suele dividirse el funcionamiento de esta industria (producción, distribución y exhibición). Es por ello que he circunscripto el objeto de estudio a la actividad sustantiva de la Administración que tiene por objeto o finalidad el fomento de la cinematografía. Esta finalidad es la determinante de que se hayan abordado medidas de fomento o ayudas públicas en sentido estricto y otras que podrían identificarse como de limitación de derechos (policía, en el lenguaje más clásico del derecho administrativo), pero que tienen su razón de ser en aquella finalidad. En ese marco, a los efectos de poder profundizar adecuadamente en la investigación, se ha acotado su objeto. No se desconocen las múltiples facetas que inciden (en lo que al derecho se refiere) en el fenómeno cinematográfico. Como se dijo, más allá de algunas referencias ineludibles (sobre todo a la materia tributaria o al derecho comunitario o internacional) el objeto de la presente tesis se circunscribe al derecho administrativo estadual, a las ayudas administrativas (término que se adopta para incluir ayudas públicas stricto sensu y algunas medidas que podrían identificarse como de policía). Se suma a lo expuesto los cambios normativos recientes acaecidos en España y Argentina, y su relación con en el contexto de la crisis que atraviesan (o han atravesado) esos países. Es por eso que se nos representa como particularmente interesante (y hasta necesario) intentar este tipo de indagación sobre una materia que no ha sido demasiado abordada y, cuando se la ha estudiado, no siempre se han tomado en cuenta las particularidades de su lógica y características de funcionamiento. De este modo, nos encontramos hoy dentro de un universo audiovisual cada vez más complejo e intrincado, crecientemente regulado por fuerzas de carácter global y corporativo, atravesado por ideas y prácticas tensionadas entre modalidades tradicionales y rutinas de acción y pensamiento que alguna vez fueron de eficacia probada, pero que en el presente son cada vez más difíciles de sustentar. Desde ciertos ángulos, lo más perceptible de la situación actual es la crisis de modelos que en otros tiempos estuvieron vigentes. Pero junto a esta comprobación aparece la emergencia de fenómenos cuya acelerada aparición sorprende y, a la par, dificulta el poder pensarlos. En ese contexto, de manera sucinta, la tesis se centra en la idea de que, tanto en España como en Argentina, no existe posibilidad dentro del marco del bloque de constitucionalidad vigente como para que se produzca una “huida del Derecho Administrativo” (huida de lo público). El Estado, en esta idea no tendría la opción de “no hacer nada”, de dejar actuar libremente al mercado. En ese contexto, siendo que el mandato constitucional relativo a la protección de la cultura nacional y de la diversidad cultural no podría soslayarse, el trabajo se concentra en pensar en cuáles serían los mecanismos más útiles y eficientes como para que esta industria cultural posea la fortaleza necesaria para la subsistencia y expansión en nuestros países.