El Tribunal de Cuentas en la Constituciónsu relación con las Cortes Generales

Resumen

El objetivo final de las administraciones públicas, es el ciudadano como destinatario y fuente de financiación de los bienes y servicios públicos. Son los administrados los que con sus impuestos financian toda la actividad que desarrolla la administración y es esa misma administración la que gestiona los recursos para satisfacer las necesidades públicas. Desde este planteamiento, se deduce, que es necesario para mantener el equilibrio de esa relación, hacer efectiva la obligación de todo responsable público, que no es otra que rendir cuentas del resultado de su gestión y lo es más, si los recursos son escasos o se dan circunstancias excepcionales. En el presente trabajo se ha analizado cómo ha abordado el Tribunal de Cuentas el impacto de la crisis y la corrupción y lo que debería suponer en el ámbito del control el uso de los recursos públicos. Esa labor importantísima es la que le corresponde al Tribunal de Cuentas del Reino de España. No solo debe comprobar la adecuación a la legalidad de la gestión sino que también tiene que analizar el cumplimiento de los principios rectores del gasto público que todos los españoles mayoritariamente aceptaron mediante la ratificación del texto constitucional de 1978.